ASIET asegura que el proyecto de must carry en el Perú afectará a los usuarios de TV de paga limitándoles los canales que podrían recibir

La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) alertó sobre la preocupación de la primera votación en el Congreso de la República del Perú al proyecto de Ley 2844/2022-CR, que propone incorporar artículos al Decreto Legislativo 702, que perjudican a los usuarios y al sector en su conjunto. 

Los términos del proyecto establecen que se deberán incluir señales en las parrillas de los operadores de TV paga, cuestión que afecta los canales disponibles para los usuarios y las grillas que motivaron la contratación del servicio. Los niveles de audiencia y preferencia de los canales contratados por los usuarios deben ser respetados. Cabe resaltar que, en el Perú, el 65 por ciento de hogares accede a las señales abiertas y solo 16,2 por ciento cuentan con el servicio de televisión paga contratado. 

“Es muy relevante que se conozca que existe un limitante técnico para implementar una medida de esta naturaleza, y es que las empresas que ofrecen servicios de televisión paga con difusión nacional no contarían con capacidad de incluir todas las señales de las diversas localidades del país, y se verían forzadas a sustituir señales de las contratadas por los usuarios o a dejar de ofrecer el servicio en distintas zonas del país”, explicaron desde ASIET y agregaron que “para hacerlo aún más complejo, dicha incorporación de señales, a que obliga la ley, debería realizarse en el mismo número de canal otorgado en la autorización respectiva, lo cual en la mayoría de los casos no es técnicamente viable”.

“Asimismo, coincidimos con lo señalado en sus comunicados por la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX)  y la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN),  organizaciones del Perú, en los que se refieren a los perjuicios para el consumidor, la imposibilidad técnica de cumplimiento así como que esta normativa va en contra de la libre competencia, dado que los agentes privados deberían poder organizar sus iniciativas empresariales en plena libertad, según se indica en los principios básicos de la Constitución”, dijeron.

En la foto: Maryleana Méndez, secretaria General de ASIET.